La administración de Donald Trump busca reducir el tamaño del gobierno federal y ofrecerá indemnizaciones a los trabajadores que renuncien voluntariamente antes del 6 de febrero. La medida podría afectar hasta a dos millones de empleados federales y generar un ahorro estimado de 100 mil millones de dólares, según reportes de medios estadounidenses.
Según la cadena NBC News, el gobierno espera que entre el 5% y el 10% de la fuerza laboral federal acepte la oferta. Los empleados que decidan acogerse a la “dimisión diferida” recibirán un paquete de indemnización equivalente a ocho meses de salario y beneficios.
El medio Axios señala que la oferta está disponible para todos los empleados federales de tiempo completo, con excepción del personal militar, trabajadores del Servicio Postal y aquellos vinculados a la aplicación de leyes de inmigración y seguridad nacional.
El plan ha generado fuertes críticas por parte de sindicatos y expertos en políticas públicas. La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), el sindicato más grande de trabajadores federales, alertó sobre los efectos adversos de esta iniciativa.
“La cantidad de funcionarios públicos no ha cambiado significativamente desde 1970, pero la demanda de servicios gubernamentales ha crecido. Reducir drásticamente el personal del gobierno federal generará caos y afectará a millones de ciudadanos”, advirtió Everett Kelley, presidente nacional de la AFGE.
Órdenes Ejecutivas de Trump
En su primer día de mandato, Trump firmó órdenes ejecutivas que buscan reestructurar la administración federal. Entre las medidas destacan:
- Regreso obligatorio a oficinas: Se exige que los empleados federales trabajen presencialmente al menos cuatro días a la semana.
- Congelación de contrataciones: Se suspende la contratación de nuevos empleados federales.
- Eliminación de iniciativas de diversidad: Se revocan programas de diversidad, equidad e inclusión implementados durante la administración Biden.
Impacto en el Gobierno y la Ciudadanía
Los analistas advierten que esta política podría afectar la eficiencia del gobierno y el acceso de los ciudadanos a servicios esenciales. Mientras la administración Trump argumenta que estas medidas optimizarán el gasto público, los críticos sostienen que la reducción abrupta de personal puede generar disrupciones significativas en diversas agencias gubernamentales.
Con la fecha límite del 6 de febrero acercándose, queda por ver cuántos empleados aceptarán la oferta y cuál será el impacto real en la estructura del gobierno federal.