Un juez federal de Texas ha suspendido temporalmente el programa “parole in place” de la administración de Joe Biden, que ofrecía estatus legal a ciertos inmigrantes indocumentados que son cónyuges de ciudadanos estadounidenses. La decisión se tomó en respuesta a una demanda presentada por 16 estados liderados por fiscales generales republicanos, quienes argumentaron que la política podría fomentar la inmigración ilegal.
El programa, anunciado en junio por el presidente Biden, fue pausado apenas una semana después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzara a recibir solicitudes. La suspensión estará vigente al menos dos semanas mientras continúa el litigio. El juez de distrito J. Campbell Barker señaló que las reclamaciones eran significativas y requerían una revisión más detallada.
¿En qué consiste el beneficio de ‘parole in place’?
La política “parole in place” permite que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal permanezcan en el país mientras solicitan una “green card”. Tradicionalmente, estos procesos podrían requerir que los solicitantes abandonaran el país durante años, lo que a menudo resultaba en la separación de las familias.
Este programa tiene el potencial de beneficiar a un gran número de inmigrantes, similar al impacto del programa DACA en 2012. Para ser elegibles, los cónyuges deben haber residido en Estados Unidos de forma continua durante 10 años antes del 17 de junio de 2024 y estar casados legalmente para esa fecha. Se estima que alrededor de 500,000 cónyuges y 50,000 niños podrían beneficiarse.
¿Qué argumentan los estados republicanos en su demanda?
La coalición de estados acusó a la administración Biden de eludir al Congreso con fines políticos. Alegan que el programa incentiva la inmigración ilegal y causa un daño irreparable a los estados demandantes. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, afirmó que el programa viola la Constitución y agrava la crisis migratoria.
La demanda, presentada contra el DHS y otros funcionarios de la administración Biden, sostiene que la política es un abuso de poder por parte del gobierno al intentar otorgar estatus legal a los cónyuges “en masa”. Los estados solicitaron la suspensión inmediata del programa mientras el caso avanza.
¿Qué dicen los defensores del programa?
Los defensores del “parole in place” han expresado su preocupación por el impacto de la suspensión en las familias afectadas. Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, criticó que Texas pudiera decidir el destino de tantas familias sin considerar su realidad. Evelyn Wiese, abogada de inmigración, calificó la demanda como un “ataque” contra las familias de estatus mixto que han contribuido a sus comunidades durante años.
El portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, acusó a los republicanos de utilizar el caso para “jugar a la política”, describiendo la demanda como otra forma de separación familiar. Según Fernández, la demanda busca obligar a estas familias, que han vivido en Estados Unidos por más de una década, a seguir viviendo en la sombra.