El caso de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño expulsado erróneamente de Estados Unidos a pesar de contar con estatus legal, continúa generando indignación internacional. El senador Chris Van Hollen informó que Ábrego fue trasladado a otra cárcel en Santa Ana, al oeste de El Salvador, luego de haber permanecido varias semanas en el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad del país.
Una visita con pocos precedentes
Van Hollen, quien representa al estado de Maryland, donde Ábrego residía desde hace más de una década, viajó esta semana a San Salvador para exigir su liberación. Durante su visita, logró reunirse con el joven migrante de 29 años, describiéndolo como “traumatizado” por su experiencia en el Cecot y aún incomunicado, sin poder hablar con su familia en EE.UU.
“(Ábrego) se siente muy triste de estar detenido, porque no ha cometido ningún crimen”, señaló el senador en conferencia de prensa.
El legislador también denunció que las autoridades salvadoreñas no han dado una razón legal para su detención, y afirmó que el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa le confesó que Donald Trump “está pagando” para mantener a Ábrego encarcelado.
Sin antecedentes, pero vinculado a pandillas
El caso tomó un giro más polémico cuando la Casa Blanca publicó documentos relacionados con una investigación inconclusa sobre Ábrego. Esta se derivó de una parada de tráfico en 2022 en la que viajaba con otros ocho hombres, aunque no existen antecedentes penales contra él en Estados Unidos.
No obstante, el gobierno de Trump ha intentado vincularlo públicamente con pandillas como MS-13, pese a que su defensa sostiene que huyó de El Salvador por amenazas de la pandilla Barrio 18. Más de 200 migrantes, muchos venezolanos, han sido deportados bajo acusaciones similares sin poder apelar sus casos, lo que grupos de derechos humanos califican como “desapariciones forzadas”.
Ignorando a la Corte Suprema
La Corte Suprema de EE.UU. falló recientemente a favor de Ábrego, ordenando que se facilitara su regreso al país. Sin embargo, tanto El Salvador como EE.UU. se han desentendido, alegando no tener autoridad para ejecutar esa orden.
“Este caso no es solo sobre un hombre, sino sobre la protección de las libertades fundamentales y la Constitución”, expresó Van Hollen.
Un acuerdo entre Trump y Bukele
El caso de Ábrego se da en el contexto de un acuerdo entre el expresidente Trump y el gobierno de Nayib Bukele, que permitió enviar migrantes detenidos en EE.UU. al Cecot. Esta megacárcel ha sido duramente criticada por organizaciones internacionales debido a violaciones sistemáticas de derechos humanos.
