Miles de señales naranjas y 7,600 tropas vigilan extensos tramos de terreno en Nuevo México, Texas y Arizona
El gobierno del presidente Donald Trump ha extendido las zonas militarizadas a casi un tercio de la frontera sur de Estados Unidos con México, con la instalación de miles de señalizaciones en Nuevo México, Texas y próximamente en Arizona, declarando dichas áreas como “restringidas por autoridad del comandante”. La medida faculta al Ejército para detener personas sin autorización legal para ingresar al país.
Vigilancia militar en aumento: 7,600 soldados desplegados
Bajo la autoridad de la emergencia nacional en la frontera que Trump declaró al inicio de su mandato, más de 7,600 efectivos militares patrullan extensas zonas que ahora están bajo supervisión directa de bases como Fort Bliss (Texas) y Fort Huachuca (Arizona). Estas zonas se usan como amortiguamiento para combatir el tráfico de personas y drogas, eludiendo restricciones legales como la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe al ejército participar en tareas civiles de seguridad.
Críticas por impacto a derechos civiles y acceso público
Grupos defensores de derechos humanos, organizaciones ambientales y habitantes locales han denunciado el cierre del acceso a tierras públicas, así como el uso de cargos criminales por “invasión de zona militar” contra migrantes.
“La gente está viniendo a trabajar y de pronto entran a una zona militar sin saberlo”, expresó Ray Trejo, coordinador de la Federación de Vida Silvestre de Nuevo México.
Más de 1,400 migrantes han sido acusados formalmente, y algunos enfrentan hasta 18 meses de cárcel por cruzar terrenos ahora considerados militares, además del cargo por ingreso ilegal.
Zonas militarizadas: Nuevo mapa de control
Las zonas abarcan al menos 770 kilómetros, desde Fort Hancock, Texas, hasta el Valle del Río Grande, y próximamente Yuma, Arizona. Esto representa aproximadamente un tercio de los 3,145 km de la frontera sur.
En Columbus, Nuevo México —punto histórico por la incursión de Pancho Villa en 1916—, el impacto ha sido menor en la rutina diaria, según el alcalde republicano Philip Skinner, aunque reconoce la presencia ocasional de vehículos militares.
Desafíos judiciales y críticas constitucionales
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y defensores públicos federales han iniciado retos legales, alegando que el Ejército está operando sin autorización del Congreso para imponer zonas militares en suelo estadounidense. En algunos juicios se han desestimado cargos por falta de pruebas, mientras que en otros se han obtenido condenas.
“Este es un modelo punitivo que podría extenderse a toda la frontera. Y eso es muy preocupante”, alertó Rebecca Sheff, abogada de la ACLU.