Microsoft, Google y Blackstone lideran compromisos millonarios en el marco del nuevo Acuerdo de Prosperidad Tecnológica firmado por Trump y Starmer
El Reino Unido anunció este jueves que ha asegurado £150,000 millones en inversiones de empresas estadounidenses, una cifra que el gobierno británico prevé que genere 7,600 empleos en los próximos años.
El anuncio se produjo tras la firma del Acuerdo de Prosperidad Tecnológica, rubricado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Sir Keir Starmer. El pacto busca fortalecer la cooperación bilateral en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear.
“Estas inversiones récord crearán miles de empleos de alta calidad en todo el Reino Unido”, afirmó Peter Kyle, secretario de Negocios y Comercio.
Gigantes tecnológicos y fondos lideran los compromisos
Entre las inversiones destacadas se encuentran los £22,000 millones de Microsoft en cuatro años y los £5,000 millones de Google para expandir un centro de datos en Hertfordshire. La mayor parte de la inversión, unos £90,000 millones, provendrá del fondo Blackstone durante la próxima década.
Otros proyectos incluyen £3,900 millones de Prologis en manufactura avanzada, hasta £1,500 millones de Palantir en defensa y más de 3,000 empleos creados por Amentum en Glasgow, Warrington y Midlands.
“El acuerdo es un testimonio de la fortaleza económica de Gran Bretaña y una señal audaz de que nuestro país está listo para liderar”, señaló Starmer.
Críticas y dudas sobre el alcance real
Pese al entusiasmo oficial, algunos analistas piden moderación. El ex viceprimer ministro Sir Nick Clegg calificó el acuerdo como “migas caídas de la mesa de Silicon Valley” y advirtió que el verdadero reto sigue siendo la fuga de talento y startups hacia Estados Unidos.
“No solo importamos toda su tecnología, también exportamos a nuestra gente y buenas ideas”, declaró Clegg.
Mientras tanto, farmacéuticas como AstraZeneca y Merck han frenado inversiones en territorio británico, alegando altos costos y un entorno regulatorio adverso.