Ciudad de México — Este 1 de junio, México vivirá una elección sin precedentes en el mundo: por primera vez, los ciudadanos elegirán directamente a ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces federales y locales. Un total de 100 millones de personas están llamadas a votar en una jornada que podría redefinir la relación entre ciudadanía y justicia.
La reforma, impulsada por el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo “democratizar” el Poder Judicial, uno de los bastiones tradicionales de autonomía frente al Ejecutivo y el Legislativo. Con esta votación, la 4T busca consolidar un modelo donde el voto popular sustituya a los nombramientos por méritos técnicos o acuerdos políticos en el Congreso.
Un modelo único en el mundo
Ni Bolivia ni Estados Unidos —los únicos con sistemas comparables— permiten una elección tan amplia. Mientras Bolivia sólo somete a voto algunos tribunales, y en EE.UU. se elige a jueces locales o estatales, México renovará casi 2,600 cargos judiciales, incluidos:
- 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia
- 2 magistrados del Tribunal Electoral
- 15 magistrados regionales
- 464 magistrados de circuito
- 386 jueces de distrito
- 5 magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial
- Y jueces locales en 19 estados, además de alcaldías y cargos locales
En algunas zonas, los votantes recibirán hasta 13 boletas distintas.
¿Qué se juega el gobierno de Sheinbaum?
Analistas coinciden en que este proceso será un punto de inflexión para el gobierno de Sheinbaum. La académica Viri Ríos señala que, a partir de esta elección, el desempeño del Poder Judicial dejará de ser visto como un ente autónomo y empezará a ser evaluado como una extensión del poder político que lo promovió.
“Si el sistema judicial falla, ahora la responsabilidad recaerá directamente sobre la coalición gobernante”, advierte.
¿Democratización o cooptación?
Los defensores de la reforma la ven como un paso hacia una mayor rendición de cuentas y una oportunidad para romper con las élites judiciales. Sin embargo, críticos como el ministro de la Corte Javier Laynez alertan sobre el riesgo de cooptación por parte de grupos políticos o criminales.
Una investigación de la organización “Defensorxs” identificó a 19 candidatos de alto riesgo, con presuntos vínculos con el crimen organizado o antecedentes de corrupción y violencia.
Además, la designación de candidaturas pasó por el Congreso, dominado por Morena y aliados, lo que ha sido señalado como un posible sesgo de origen en los perfiles seleccionados.
“Para mí es un engaño. No van a elegir a sus jueces. Falso”, dijo Laynez esta semana, anunciando que no participará en la votación.
Participación, el gran reto
Con reglas estrictas para hacer campaña y poco tiempo para conocer los perfiles, el Instituto Nacional Electoral (INE) estima que el proceso de votación podría tardar hasta 9 minutos por ciudadano. La participación podría ser baja: el INE proyecta entre 8% y 15%, muy por debajo de las presidenciales o legislativas.
Además, el INE ordenó suspender la distribución de “acordeones” con los nombres de candidatos sugeridos, denunciando que estas guías son una forma de coacción del voto atribuida a operadores de Morena y gobiernos locales.
Un paso irreversible
Para algunos expertos, más allá de las dudas y críticas, la reforma ya es un hecho consolidado políticamente tras el triunfo arrollador de la 4T en 2024. El analista Héctor Alejandro Quintanar considera que esta elección abre una nueva era de politización ciudadana.
“Lo que está en juego rebasa a la Cuarta Transformación. Es la entrada del voto popular como contrapeso al Poder Judicial, que antes no tenía ninguno”, explica.
Aun con advertencias sobre su fragilidad y falta de preparación, la elección judicial de 2025 marca un cambio estructural en la forma en que se ejercerá el poder de impartir justicia en México.